La firma digital es ya una herramienta de uso cotidiano en el mundo empresarial. Gracias al avance de las tecnologías, la firma tradicional parece haber quedado atrás para firmar contratos. Sin embargo, hay ocasiones en las que las empresas cometen errores a la hora de firmar digitalmente. Continúa leyendo para conocer los aspectos legales y de seguridad de la firma digital para contratos.
La firma digital es un recurso tecnológico respaldado por mecanismos criptográficos que valida la autenticidad e integridad de mensajes o documentos digitales. Este proceso implica el uso de claves separadas para demostrar al receptor la autenticidad del emisor y garantizar que no pueda negar el envío de la firma ni la alteración del documento.
La firma digital utiliza un ID digital respaldado por un certificado emitido por una autoridad de certificación, vinculando de manera única la identidad del firmante al documento mediante cifrado.
En el mundo empresarial, las firmas digitales desempeñan un papel crucial al regular y garantizar métodos de identificación y estandarización, cumpliendo normativas globales y proporcionando un máximo nivel de seguridad.
La firma digital en España está regulada por la Ley 6/2020, de 11 de noviembre, que aborda todos los aspectos relacionados de acuerdo con el Reglamento (UE) Nº 910/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, conocido como eIDAS. Esta legislación sustituye a la anterior Ley 59/2003, derogando disposiciones incompatibles con el reglamento eIDAS, asegurando coherencia y eliminando posibles lagunas legales.
Las sanciones por incumplimiento de la ley se clasifican como leves, graves y muy graves, estableciendo un marco legal que respalda la validez de la firma electrónica. La Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, complementa este marco al incluir el deber de confidencialidad.
Esta ley impone la obligación de realizar trámites con la Administración de manera telemática para ciertos actores, como personas jurídicas, entidades sin personalidad jurídica, profesionales colegiados y representantes de interesados.
En resumen, la legislación española sobre firma electrónica busca fortalecer la confianza en los servicios digitales, armonizando normativas nacionales con el marco europeo eIDAS y promoviendo la seguridad jurídica en la era digital.
La validez legal de los contratos digitales firmados digitalmente podría generar incertidumbre. No obstante, un documento contractual electrónico ostenta idéntica legitimidad legal que aquel firmado de manera convencional, siempre y cuando cumpla con los imperativos esenciales fijados en el Código Civil.
Tanto la firma electrónica cualificada como la firma electrónica avanzada posibilitan la identificación del firmante y garantizan la integridad del documento, impidiendo cualquier modificación posterior a la firma. Por esta razón, ambas pueden emplearse para la suscripción de documentos y contratos.
Además, la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información, establece en su artículo 23.1 que “los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico, cuando concurran el consentimiento y los demás requisitos necesarios para su validez”.
Cuando se procede a firmar un contrato digitalmente se debe tener claro cuáles son los pasos a seguir para hacerlo de manera legal.
En primer lugar, el consentimiento de los contratantes, esencial para la validez del contrato, se manifiesta en un documento en línea a través de una firma electrónica, en contraposición a la firma manuscrita tradicional.
Además, el contrato debe incluir un objeto definido, que constituye la materia del acuerdo, así como una causa real y lícita de la obligación establecida en el mismo. Estos elementos, según el Código Civil, son cruciales para garantizar la validez jurídica del contrato.
En un contexto digital, la firma electrónica equipara el consentimiento expresado mediante firma manuscrita, permitiendo que el acto sea reconocido legalmente. Además, el uso de medios tecnológicos actualmente posibilita que el consentimiento se manifieste sin importar la ubicación física de las partes involucradas.
En resumen, la validez jurídica de un contrato firmado electrónicamente se logra cuando se cumplen las mismas condiciones esenciales que se aplican a un contrato suscrito de manera tradicional, asegurando así que el acuerdo sea vinculante y obligatorio para las partes involucradas.
La firma electrónica avanzada es un tipo de firma digital que impone requisitos rigurosos para garantizar su validez jurídica y seguridad. El artículo 26 del eIDAS estipula las condiciones jurídicas que debe cumplir una firma electrónica avanzada.
Debe estar vinculada al firmante de manera única, permitir su identificación, ser creada con datos bajo el control exclusivo del firmante y estar vinculada con los datos firmados, asegurando la detección de cualquier modificación posterior.
Estos requisitos, tanto en el ámbito técnico como jurídico, son esenciales para garantizar la seguridad y validez de la firma electrónica avanzada en el ámbito contractual, conforme a las normativas europeas y españolas vigentes.
Para asegurar la total seguridad del proceso de firma, es esencial considerar tanto los aspectos legales como los requisitos técnicos. De esta forma la empresa puede garantizar la validez y vinculación del contrato.
Para que la firma electrónica sea válida y exigible, el documento contractual debe ser completo y no susceptible de modificaciones. Es crucial suscribir el contrato tomando todas las medidas necesarias para asegurar su autenticidad e integridad.
En este contexto, la seguridad de la firma digital radica en la capacidad de la firma electrónica para identificar de manera única al firmante, garantizar la integridad del documento y detectar cualquier alteración ulterior. Estas características aseguran que el proceso de firma digital de contratos sea no solo eficiente sino también seguro y legalmente válido.
Las firmas digitales ofrecen una verificación segura de la identidad del cliente a través de un proceso sencillo de autenticación de dos factores. Este método, que puede incluir datos personales y certificados digitales, garantiza la seguridad al eliminar amenazas asociadas con documentos físicos, permitiendo transacciones sin riesgos.
Las firmas electrónicas reducen eficazmente el fraude y la falsificación, ya que los documentos digitales no pueden ser falsificados como los de papel. Gracias a la criptografía, actúan como herramienta de autenticación. Así se garantiza la integridad del documento y proporcionando capas adicionales de protección.
Es una herramienta que mejora significativamente la eficacia de los acuerdos legales al ofrecer rapidez y seguridad. Los contratos digitales son más seguros y fáciles de gestionar, almacenados en la nube para una recuperación y archivo rápidos. Esta eficiencia también fortalece la documentación en casos legales o reclamaciones.
El proceso puede completarse en minutos y permite enviar documentos firmados de forma segura con un solo clic. Esta rapidez reduce errores, mejora la eficiencia operativa y contribuye al éxito de las ventas.
Al tratarse de una herramienta tecnológica, la firma digital permite la integración con otros sistemas beneficiosos para la empresa. Un ejemplo de ello es Dayfice, un software de gestión que permite incluir sistemas seguros de firma digital.
En conclusión, la firma digital ha revolucionado la forma en que las empresas realizan contratos, proporcionando un método eficiente, seguro y legalmente vinculante.
La legislación española establece un marco legal sólido que respalda la validez de la firma electrónica, con sanciones para el incumplimiento. Y la seguridad refuerza la confiabilidad de la firma digital, proporcionando un método eficiente para la realización de acuerdos legales en la era digital.
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